Las leyes se vuelven la mayoría de las veces una camisa de fuerza.
A propósito del atinado artículo de la columnista Dina Fernández Garcia, en el cual, con la elegancia que le caracteriza, pone sobre el tapete un tema que, aunque al grueso de la población le tiene sin cuidado, dice mucho sobre la ética de la clase política guatemalteca.
Dicho artículo se refiere a las restricciones que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), mediante la Ley Electoral y de Partidos Políticos pretende aplicar a las organizaciones político-electorales para el buen uso de las posibilidades y medios publicitarios a escasos seis meses de la primera vuelta electoral.
Es inaudito que, ahora en plena era de la información, se pretenda legislar y regular el uso de los medios masivos de comunicación con la excusa de disminuir (porque no creo que sean tan ingenuos que pretendan eliminar), el uso de fondos de dudosa procedecia en la campaña electoral que está viento en popa.
Coincido plenamente con Dina Fernández en que, esta normativa no solo no se aplica sino que constituye un estorbo jurídico a la actividad política en el contexto de un Estado de Derecho. Debierase en todo caso legislar para una efectiva auditoría cualitativa de los fundos utilizados en las campañas sin pretender regular aspectos cuantitativos.
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